El Alcalde Christian Ortega, en compañía de la directora Jurídica del municipio de San Esteban, Gabriela Fernández, acudió a la Fiscalía de Los Andes para solicitar la designación de un fiscal con dedicación especial para que investigue el sobrepago por el servicio de limpia fosas en la comuna, entre los años 2018 al 2021.
Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, la actual administración municipal presentó una querella por los delitos de fraude al fisco y estafa en contra de la empresa que ejecutaba el servicio y de quienes resulten responsables, luego de evidenciarse un sobrepago de más de 220 millones de pesos debido a la adulteración de la capacidad real de los camiones.
En la oportunidad, Ortega manifestó que “hemos presentado una solicitud para que se designe un fiscal especial respecto a la investigación del tema del limpia fosas en San Esteban. De hecho, la querella la presentamos hace casi un año, y la verdad es que queremos que se trabaje prontamente porque así lo exige la comunidad y es mi obligación como alcalde resguardar el patrimonio municipal de San Esteban, porque finalmente es el patrimonio de todos nuestros vecinos”, sostuvo.
Respecto a las diligencias que se han desarrollado hasta la fecha, el jefe comunal puntualizó que “Me he comunicado con el Fiscal de Los Andes, la investigación ha avanzado pero creemos que es necesario formalizar, por cuanto, una de las personas querelladas se auto denunció y eso marca hitos importantes. La comunidad nos exige celeridad en los procesos, sobre todo en aquellos que existen recursos públicos”, afirmó.
Por su parte, la directora jurídica afirmó que “la solicitud nace por la necesidad de contar con un fiscal especial para que investigue las causas que están saliendo y que son de público conocimiento, que tienen que ver con funcionarios públicos que han cometido delitos en ejercicio de sus funciones y que han generado perjuicio fiscal a la municipalidad”, afirmó.
Asimismo, la abogada agregó que durante la próxima semana sumarán una nueva querella. Esta vez, por los 2.500 millones de pesos que adeuda el municipio al Ministerio de Educación por conceptos.
Los hechos, ocurridos entre el 2018 y 2021, quedaron al descubierto tras una auditoría externa solicitada por la actual administración municipal, comprobando que tres vehículos que realizaban estas labores, almacenaban una cantidad de centímetros cúbicos mucho menor a la ofertada inicialmente, algunos de ellos, incluso, llegaban a un 40% de diferencia.