La necesidad de incorporar acciones de fiscalización y prevención en torno al asentamiento precario conocido como Toma Yevide, advirtió la Alcaldesa de San Felipe Carmen Castillo Taucher, quien afirmó que desde el municipio se han impulsado una serie de tareas que apuntan precisamente a apoyar en aspectos sanitarios y de integración, no obstante existen aristas que deben ser atendidas por otros estamentos.
La autoridad manifestó que existe absoluta conciencia del malestar de los vecinos del entorno por el impacto que ha tenido el crecimiento de esta toma, no obstante recordó que las acciones que entre 2019 y 2020 pudieron impulsarse para frenar esta situación, no prosperaron, dando como resultado el que actualmente sea necesaria una intervención mayor para responder tanto a quienes habitan en las villas colindantes, como a quienes habitan en la propia toma.
“Es un tema que es muy sensible y que se generó ya en la época de 2019, respecto de una toma que fue emplazada en terrenos privados y de eso quisiera dejar claridad, pues se ha hablado mucho sobre qué intervenciones ha hecho el municipio respecto a ello y algo que limita nuestro accionar es que se trata de una situación entre privados”, dijo la Alcaldesa, quien añadió que “la toma la hemos asumido como un rol protagónico y desde el año pasado nosotros pedimos que se considerara como asentamiento precario, para poder contar con un estado de avance mayor respecto de la situación de irregularidad que tienen esas personas, donde hay riesgos sanitarios y del punto de vista de la legalidad”.
Recordó que previo a su asunción como alcaldesa, durante 2020 se ofició desde el municipio a la entonces Gobernación Provincial, para solicitar la intervención de la toma. En 2021, también se impulsaron tres acciones asociadas, una querella de una de las empresas dueñas del terreno, por el delito de usurpación; la denuncia del municipio en contra de la inmobiliaria por estar en situación de irregularidad debido a la ocupación ilegal, seguido de reuniones que –en el actual período municipal- se han realizado con la empresa inmobiliaria, una de las dueñas del terreno ocupado.
“No hemos estado ajenos a la temática. Nos preocupa enormemente y hemos tenido –a pesar de que es un tema entre privados- que intervenir porque nos preocupan los temas sanitarios y sociales. Uno tiene que entender que estas personas están en condiciones de irregularidad y sabemos que otras personas están tomando cartas en el asunto, llámese Policía de Investigaciones, por estar en condición de ilegalidad en nuestro país”, añadió.
Añadió que desde el municipio se ha aumentado la frecuencia de colocación de bateas para recolección de basura, entendiendo la problemática que se generaba para los vecinos del entorno. A su vez, Chilquinta dispuso medidas para evitar que los habitantes de la toma siguieran “colgándose” del tendido eléctrico. También destacó la labor de la Oficina de Migración de la DIDECO, ha trabajado en coordinación con Chile Crece Contigo, para atender los casos de niños pequeños que habitan en este asentamiento, mientras que se han dispuesto acciones de atención en salud, así como en organización para la formación de un comité de vivienda.
Consultada la Jefa comunal por la existencia de botillerías y centros nocturnos que funcionan de manera clandestina en el sector, expresó que la fiscalización está en manos de Carabineros, a través de la coordinación de la Delegación Provincial. Por último, señaló que “llama la atención denuncias que podrían ser declaradas irresponsables, pues se dice que después de cierto horario concurren funcionarios a otras acciones y eso lo considero irresponsable”.