El ex Alcalde de Rinconada, Pedro Caballería, quedó inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos, luego que el Tribunal Electoral Regional resolvió sancionarlo por Notable Abandono de Deberes, producto de requerimiento presentado en su momento por los concejales Ana Pueyes (DC), Pablo Donat (PPD), Juan Urbina (UDI) y Miguel Vargas (UDI), representados por el abogado José Villagrán Reyes.
El mencionado profesional sostuvo que la sanción se refiere a graves faltas administrativas en las cuales en su totalidad involucraron al ex alcalde Pedro Caballería Díaz, que con el tiempo se transformaron en un daño económico directo de más de 300 millones de pesos para la comuna; “Los concejales en un acto de responsabilidad administrativa asumieron la tarea de presentar un requerimiento en contra de Pedro Caballería Díaz, solicitando al Tribunal Electoral Regional la destitución del mismo.”
Entre las acciones que se le imputaron al ex edil figuraron; Obviar por completo al concejo municipal de manera sistemática, donde no se le entregó a este organismo la documentación pertinente ni contó con los acuerdos de concejo para adjudicar millonarias licitaciones por sobre las 500 UTM, cosa que es requerido por ley.”
Esto habría ocurrió al menos en tres oportunidades; “donde la empresa beneficiada es siempre la misma, Empresa Montenegro Construcciones, por ende, esta empresa fue favorecida de manera sistemática, hoy en día el dueño de la empresa es concejal en ejercicio por la colectividad del edil en éste caso la Democracia Cristiana, lo que demuestra la relación política y de cercanía entre el alcalde y Carlos Montenegro Urbina, propietario de la empresa fuertemente cuestionada. Actualmente el concejal Carlos Montenegro, también enfrenta una acusación y requerimiento ante el TER que busca su destitución.
SE PAGÓ TRES VECES LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD:
En otro punto grave, dice relación con la ampliación del edificio municipal, donde la empresa a cargo de las obras factorizó dos estados de pago, “notificado de la factorización por más de 52 millones de pesos, el ex alcalde cursó el pago a la empresa, la cual dejó las obras botadas y se va con la plata, jamás se sabe nada más de ella. Posteriormente, llega el Factory a cobrar, y el edil no da curso a los pagos, el Factory demanda y gana el juicio a la Municipalidad, debiendo pagar otra vez los más de cincuenta millones de pesos, más intereses y el daño para la municipal crece y supera los 71 millones.”
Tras esto la municipalidad licita nuevamente el proyecto y terminar las obras inconclusas y contrata a una nueva empresa por más de 181 millones de pesos. Sumando el daño al patrimonio municipal los $300 millones.
A esto también se sumarían una serie de demandas laborales que causaron millonarias pérdidas en pagos de juicios al Municipio.
También hubo una serie de dictámenes de la Contraloría, incluso, de la Corte Suprema, donde el ex alcalde se mantuvo en rebeldía por más de siete meses y no dio cumplimiento, un ejemplo, la creación de un segundo cargo en el Departamento de Administración y Finanzas, cuya dualidad del cargo le costó al municipio pérdidas por casi 40 millones de pesos.
A esto se sumaría una serie de juicios de cuentas que han representado al Municipio decenas de millones de pesos en pagos que ha tenido que realizar por estas causas.
El Abogado Villagrán, precisó que; “fue la propia Contraloría que oficia al concejo municipal de la época les pidió que actuaran ante los graves hechos administrativos detectados.”