El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, expresó la profunda preocupación del gremio por el eventual cierre de la Planta Catemu, planta procesadora de cobre ubicada en la comuna del mismo nombre, Provincia de San Felipe, en la Región de Valparaíso, que alberga la principal agencia de compra de minerales de la zona y de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), cuya paralización afectaría a 400 trabajadores propios, 525 contratistas y unos 300 productores de la pequeña minería.
El directivo recordó que esta semana el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se pronunció recomendando el rechazo al proyecto de continuidad operacional de la mediana minera CEMIN, que tiene como propósito ampliar la vida útil de esta planta, tras largos meses de tramitación. La decisión de la calificación está ahora en manos del Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (COEVA), que tiene en tabla su votación para este martes 11 de julio.
“Esta decisión nos genera gran preocupación, porque una negativa significaría el cierre definitivo de esta planta, lo que no sólo afectará a la Región de Valparaíso, sino que podría terminar con el holding minero que hoy opera en Catemu, La Ligua, Vallenar, Batuco, Rancagua y Santiago”, sostuvo Riesco. Este es un caso que nos parece importante de mirar atentamente, porque según sabemos la empresa ha solicitado al SEA la revisión de la recomendación de rechazo antes de que vaya a votación, y la suspensión de los plazos de la calificación, dado que se han detectado errores importantes en temas que fundamentan esa recomendación”.
“Tenemos una opinión crítica respecto a cómo opera el otorgamiento de permisos ambientales, que requiere urgentemente una modificación, porque obviamente está impactando en la posibilidad de llevar adelante proyectos mineros. En este caso, el proceso de tramitación lleva casi tres años, lo que es excesivo, para que al final el organismo competente lo termine rechazando”, añadió el presidente de SONAMI.
“El país no puede permitirse el rechazo de proyectos por la falta de gestión entre los servicios públicos que participan en la evaluación ambiental, cuya labor debiera apuntar a brindar apoyo al desarrollo de los proyectos, buscando las formas y condiciones para que estos se puedan aprobar, en el marco de un trabajo colaborativo y de permanente diálogo público-privado”, agregó.
“Si bien es necesario modificar los excesivos periodos de aprobación de algunos permisos -aspecto en que sabemos que se está trabajando- lo fundamental es eliminar la excesiva discrecionalidad y disparidad de criterios de evaluación, que pueden determinar la posibilidad de que algunos proyectos no se realicen. En ese sentido, tenemos confianza en que la revisión que está haciendo el ministerio de Economía se traduzca en una racionalización importante de esos permisos, pero seguimos considerando que lo importante aquí es que las autorizaciones ambientales derechamente se están denegando por razones que no son exclusivamente técnicas”, concluyó Jorge Riesco.