Un número importante de dirigentes sanfelipeños en reunión sostenida con la Alcaldesa, Carmen Castillo, denunciaron que han recibido en sus cuentas de consumo domiciliario cobros presuntamente unilaterales, irregulares y abusivos por parte de Chilquinta. La problemática fue expuesta por la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos (UNCO), Ruth Delgado, la presidenta de la junta de vecinos de la Villa El Señorial, Erika Álvarez y vecinos afectados, comprometiéndose la autoridad con solicitar la intervención de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y solicitar que se abra una investigación sobre el caso.
Tras escuchar los casos de los vecinos afectados, la alcaldesa Castillo mostró su preocupación por la falta de prolijidad en los procesos y servicios entregados por la empresa, empatizando con la angustia de las familias que recibieron estos altos cobros, los que incluso afectan a personas mayores que viven solas en sus casas, asegurando que se llevarán todos los antecedentes ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) para solicitar una investigación.
“Vamos a recopilar a través de la UNCO los antecedentes, para poder presentarlos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible que es quien debe dirimir qué está pasando, porque nos preocupa como municipio esta situación abusiva, que consideramos va en contra el normal funcionamiento de una empresa que necesita ser más transparente en cómo actúa”, aseguró la jefa comunal.
Sumándose a las palabras de la alcaldesa, el concejal Basilio Muena, quien estuvo presente en la instancia junto a sus pares Guillermo Lillo y Ricardo Covarrubias, señaló que “vamos a trabajar en conjunto con las unidades vecinales para recopilar antecedentes respecto a esta situación de cobro que no estarían justificados por parte de Chilquinta. Está el compromiso de apoyar a nuestros vecinos por parte del Concejo Municipal”.
Por su parte, Felipe Salaya, abogado director jurídico de la Municipalidad, quien se puso a disposición de los vecinos para cualquier tipo de asesoría, explicó que además de llevar toda la documentación de los casos ante la SEC, también se va a “oficiar a la empresa, demostrando la preocupación respecto a las denuncias que nos hacen los vecinos, porque entendemos que finalmente son los principales afectados, y que los protocolos y procesos tienen que realizarse de una forma más ordenada, con publicidad, transparencia y que no vulnere los derechos de nuestros vecinos”.
Para Luis Valdés, vecino de la Villa Orolonco y quien es uno de los afectados, los cobros son injustificados. “A mí me llegaron a revisar mi medidor y en mi hogar no había nadie que los atendiera, me dejaron una hoja con una nota y volvieron a la semana después cuando tampoco había nadie, y me dejaron otra nota que decía que no se había permitido el ingreso a revisar el medidor, lo cual no es verdad porque no había nadie en la casa, y luego me llegó una multa de 110 mil pesos mensuales por diez meses, es un millón cien mil pesos por la luz”, indicó.
En tanto, Margarita Leiva, vecina adulta mayor de la Población San Felipe, contó que “en octubre me visitaron y dijeron que venían a cambiar el medidor, yo no pregunte nada y me fui tranquila a hacer mis cosas, y cuando pasó una hora, me dice el caballero que tengo que firmar, a lo que yo firmé y después cuando leí los papeles decía que yo declaraba estar infringiendo la ley y que por eso me iban a pasar una multa”, señaló, teniendo que pagar una multa de 240 mil pesos en doce meses con un cobro de 20 mil pesos mensual.
Con el fin de reunir la mayor cantidad de antecedentes de todos los casos, la presidenta de la UNCO, Ruth Delgado, hizo un llamado a la comunidad que está al día con el pago de sus cuentas y que se está viendo afectada por estos cobros.
“Hago un llamado a toda la comunidad para que se acerquen a sus presidentes de juntas de vecinos y entreguen los casos de cada uno, con el número de cliente porque junto con la alcaldesa y los concejales se va a hacer una denuncia a la Superintendencia”, indicó.