Preocupación ha generado en la comunidad educativa de la Escuela de Rinconada de Silva en la comuna de Putaendo, un acto que habría sido realizado con ocasión de la conmemoración del 11 de Septiembre, en donde un grupo de niños de primero básico habría sido obligado a portar carteles con imágenes de los detenidos desaparecidos.
El establecimiento educacional, cuyo sostenedor es el Municipio de Putaendo, recientemente había hecho noticia porque sus alumnos estaban recibiendo un sándwich y una caja de agua en reemplazo del almuerzo que entrega Junaeb.
Ahora una denuncia anónima de un apoderado a un medio local, que publicó fotografías de los menores portando imágenes de detenidos desaparecidos, en un acto que a juicio de la diputada Barchiesi “constituye un acto inaceptable de instrumentalización política de los niños”.
En ese contexto, la parlamentaria ingresó este lunes ante la Cámara de Diputados, oficios de fiscalización dirigidos al Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al Subsecretario de la Cartera y al Alcalde de Putaendo, tendiente a delimitar responsabilidades en la ejecución de este acto. “Aquí se está pasando por alto el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos. Es muy grave porque constituye un abuso de la inocencia de los niños, con un propósito político que, además, no contribuye al clima de unión que los establecimientos educacionales deben perseguir, alejados de cualquier sesgo, sobre todo cuando hablamos de los niños”.
La medida se enmarca dentro de las atribuciones de la diputada, quien solicitó a las autoridades que le informen si este tipo de hechos se ajustan a las normativas, a las disposiciones educacionales y a los planes y programas de primero básico.
Al mismo tiempo, la acción fiscalizadora solicita, en caso de existir, las copias de las autorizaciones que el sostenedor del Liceo debió haber requerido a los padres de los niños para la realización de este acto, junto a la petición formal para iniciar un proceso investigativo a partir de estos antecedentes, informando el detalle, alcance, cronograma y los resultados de esa fiscalización.
“A mí me parece que este es un acto de proselitismo político en el ámbito educativo, y no lo podemos dejar pasar, porque la izquierda no ha tenido ningún pudor en instrumentalizar a los niños de Putaendo para sus fines ideológicos”, puntualizó la diputada.
Las autoridades requeridas por la parlamentaria, disponen de un plazo legal máximo de 30 días hábiles administrativos para dar respuesta a este requerimiento.
Por su parte, el concejal de Putaendo, Sebastián Caldera, pidió en la última sesión del concejo que el municipio elabore un comunicado público para informar sobre esta situación. “Es impresentable lo ocurrido en la Escuela Rinconada de Silva, a mi modo de ver, tiene tintes políticos, es un gustito que se quiso dar la persona que estuvo a cargo de ese acto, porque no son sus hijos, esos niños tienen papás”, explicó.