Un grupo políticamente transversal de concejales presentó una denuncia formal ante la contraloría regional de Valparaíso, para que se investiguen a fondo las eventuales irregularidades en el mecanismo de compras vía trato directo por parte del municipio de Putaendo, durante la gestión del alcalde Mauricio Quiroz.
Ello, tras constatarse una serie de anomalía refrendadas en un Informe de auditoría, dado a conocer el 10 de septiembre pasado, que realizó la Dirección de Control de la Municipalidad. Este documento se dio a conocer tras reiteradas solicitudes de los ediles al alcalde Quiroz, para explicar las razones por las cuales se realizan convenios de compra vía trato directo, en desmedro de procesos de licitación abiertos y competitivos como suele ser la regla en la administración pública.
En el escrito las concejalas Marta Silva (PS), Mariana Bravo (ind) y los concejales de ChileVamos, Miguel Ortiz y Sebastián Caldera, explican la necesidad de que el organismo contralor conozca de los hechos “con el propósito que no solo se investiguen y corroboren los mismos, sino que también se determinen las responsabilidades administrativas que correspondan conforme a los hechos constatados en el citado Informe de Auditoría interna”.
Entre los hechos denunciados se pueden enunciar casos tales como un centenar de órdenes de compra emitidas con posterioridad a la prestación del servicio por parte del respectivo proveedor municipal; abuso reiterado del trato directo como procedimiento de compra municipal; falta de resolución fundada en compras de emergencia; falta de certificación de disponibilidad presupuestaria y respaldo de documentación en los pagos, además de servicios especializados.
“A nosotros también se nos presentó ese informe en el Concejo pasado, y ahí fue donde solicité formalmente el pronunciamiento de Contraloría, pero conversando con los otros concejales optamos por ir a interponer personalmente el escrito para que se investigara. Dentro de las irregularidades que encontró el Departamento de Control estaba el excesivo uso de tratos directos por parte del alcalde Quiroz, además de una extensión excesiva de pagos (hasta de 810 días) y, lo más graves, la existencia de certificados presupuestarios firmados por el alcalde y la administradora municipal, siendo que ello es atribución exclusiva de la directora de administración de finanzas”, señaló el concejal Miguel Ortiz.