En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se realizó la formalización de los seis ex funcionarios de la sección OS7 de la Prefectura de Carabineros de Aconcagua, imputados por los delitos de tráfico ilícito de drogas, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, receptación, entre otros. Al cierre de la audiencia el juez del Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva para cuatro, mientras que dejó con arraigo domiciliario total a los otros dos ex policías detenidos, lo que fue apelado por el Ministerio Publico ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Al respecto, el Fiscal Adjunto del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Maximiliano Krause-Leiton, en el marco de la formalización realizada este Lunes 25 de Noviembre, comentó que se utilizaron técnicas investigativas bastante sofisticadas que permitieron «interceptar conversaciones de las personas investigadas que corresponden a seis funcionarios policiales de la Sección OS7 de San Felipe. Estos seis funcionarios incurren en distintas conductas constitutivas de delito».
El persecutor destacó que las diligencias que llevaron a los detención de los seis policías fue ejecutada por los Departamentos de Investigaciones Patrimoniales y Anticorrupción de OS-7 y Asuntos Internos bajo absoluto secreto con miras a descubrir con mayor profundidad la naturaleza de los actos denunciados y también otros actos que habrían ocurrido y que fueron ocurriendo.
«La primera de ellas es llevar a cabo implementación de técnicas de investigar no autorizadas. La Ley 20.000 establece y regula y prohíbe a cualquier persona el adquirir drogas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Esa prohibición, la única excepción que existe es cuando en el contexto de una investigación de drogas un fiscal del Ministerio Público autoriza a un policía o a un informante para que adquiera esa sustancia. Si no es así, es un delito. Estas situaciones pueden ser entendidas quizás cuando existe inexperiencia de parte de las personas involucradas, pero cuando estamos hablando de funcionarios que tienen formación en las investigaciones relativas a tráfico de drogas y que además estas personas de tener formación en eso tienen una larga data en experiencia en la implementación de las medidas, esto no es posible de validar entendiendo un error», añadió Krause-Leiton.
«La investigación, lejos de mostrar un error», continuó el Fiscal, «lo que mostró fue que de manera sistemática estas personas, los seis funcionarios, a veces cuatro, a veces tres, a veces dos solamente, pero en al menos una decena de oportunidades implementaron estas técnicas sin autorización de un fiscal, es decir, fueron y buscaron personas que eran conocidas por ellos, normalmente personas en situación de calle, les encargaron la compra de drogas y luego de que les encargaban la compra de drogas en determinados lugares que estaban investigando, ellos recibían la droga que habían comprado estas personas y acto seguido llamaban a un fiscal diciéndole que iban a iniciar diligencias, es decir, ocultándole que ya habían realizado gestiones y ocultándole obviamente que habían entregado dinero a una persona civil para comprar droga, porque si obviamente se lo revelaban al fiscal, eso evidentemente habría obligado al fiscal a tener que pasar detenida a estas personas por la comisión del delito de la ley 20.000».
Modus Operandi
Según estableció la investigación, estos es carabineros le inventaban al fiscal que iban recién a efectuar las diligencias y luego pedían que se autorizara un funcionario. «Hasta ese momento podríamos pensar que estábamos frente a personas que tomaban decisiones equivocadas. Sin embargo, las medidas inclusivas lo que permitieron establecer luego fue que en los procedimientos ellos, si no encontraban droga (con droga que ellos mantenían almacenada en la unidad policial, oculta en sus casilleros), cargaban a las personas y el dinero que incautaban se lo apropiaban. Y si encontraban droga, parte de la droga, en ocasiones gran parte de la droga, hay procedimientos donde de acuerdo a los antecedentes de la investigación se habrían incautado 600 gramos de droga, pero al revisar los partes policiales habían 25 gramos reportados en la incautación», dijo el fiscal.
Se estableció también que habían diferencias de droga entregada específicamente en el servicio de salud Viña del Mar Quillota. Y de acuerdo a la investigación lo que se pudo establecer es que estos funcionarios policiales, principalmente cuatro de ellos, ejecutaban la sustracción de droga desde el recinto policial.
La sustracción era realizada por la persona que estaba de guardia en la noche, quien se introducía normalmente o a la sala de evidencia o a la sala de custodias para sustraer la droga y para ocultar la diferencia solían agregar tierra o arena. Lo que fue advertido en dos oportunidades en el servicio de salud, pudiendo verificar una diferencia importante de droga, aproximadamente unos 2 o 3 kilos en total de dos entregas que fueron pesquisadas.
Además de esto había uno de los funcionarios policiales que entregaba información reservada, es decir, accedía a los registros de la policía para entregar información de personas, lugares, vehículos y red familiar a personas que cometían delitos como robos con intimidación, por esa razón se está investigando un robo donde se habría proporcionado información y el uso fraudulento también de tarjetas de crédito.
Adicionalmente estas personas también sustraían no solamente dinero a quienes investigaban, sino que también sustraían bienes como joyas de oro y joyas de plata, lo cual ha sido corroborado porque se pudo verificar que habían empeñado y vendido joyas en distintos establecimientos que compran oro y metales preciosos. También había uno de los funcionarios que se dedicaba a vender licencias de conducir falsas, las que fueron encontradas en su domicilio y que además también fueron encontradas en el domicilio de una persona que la habría adquirido.
«En definitiva, lo que el Ministerio Público hoy día formaliza son todos estos hechos, el Tribunal entendió que estaban acreditados los hechos, sin embargo, las distintas participaciones que suelen ocurrir en los grupos que participan en delitos de manera colectiva, movió al Tribunal a entender que habían funcionarios que tenían una participación menos relevante, principalmente por el caso de una funcionaria que no podía incidir mucho en el curso de la actividad del grupo y que de alguna u otra manera estaba entregada a lo que la mayoría de los compañeros hombres le impusieran. Nosotros no compartimos esa visión de la perspectiva de género en ese sentido, de que sea algo que implique cierta pasividad, muy por el contrario, creemos que la perspectiva de género es un enfoque que lo que llama a considerar es que efectivamente la mujer tiene capacidad de decisión y máxime, si estamos frente a organismos públicos», complementó el Fiscal.
Lo cierto es que el Tribunal determinó que uno de los imputados podría haber ejercido una presión importante sobre el resto, ya que «es de graduación importante, estamos hablando de un suboficial». «Será la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso la que deberá determinar si esos dos policías deberían permanecer o no privados de libertad. El resto de los funcionarios quedaron en prisión preventiva, el plazo de investigación se estableció en 180 días, porque obviamente hay una serie de diligencias que vamos a llevar a cabo», agregó Krause-Leiton.
«Finalmente, los investigados de su propio dinero entregaban recursos al consumidor para que comprara. Pero esto luego no significaba pérdida para ellos porque había la recuperación al momento de hacer el procedimiento e incluso con más dinero que se llevaban. El 18 de septiembre, por ejemplo, como las técnicas de investigación y ellos no advirtieron, se escucha derechamente a una de las personas investigadas, a la mujer específicamente, contando el dinero de una incautación que habían hecho y discutiendo cómo se lo estaban repartiendo. Ese audio es muy revelador de alguna u otra manera de la costumbre que habían adquirido en el ejercicio de su cargo. Una mala costumbre», concluyó el Fiscal.